México: las contradicciones de la ley que regula los casinos y las apuestas desde 1947

Por ANDRÉS TAPIA

La Ley Federal de Juegos y Sorteos que regula estas actividades en México así como aquellas que son afines o que se han incorporado a lo largo de 72 años, fue creada en 1947 y puesta en vigor el 31 de diciembre de ese año. Originalmente estaba compuesta por 17 artículos, más cinco incisos transitorios, y fue firmada en su momento por el entonces presidente de México, Miguel Alemán, así como por el secretario de Gobernación, Héctor Pérez Martínez, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ramón Beteta, y el secretario de Salubridad y Asistencia, Rafael Pascasio Gamboa.

El primer artículo dice a la letra: “Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”. El segundo, establece las excepciones y refiere la aparente ingenuidad del gobierno de la época al señalar: “Sólo podrán permitirse:

I.- El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes; 

II.- Los sorteos.

Los juegos no señalados se considerarán prohibidos para los efectos de esta ley”.

Pese a la prohibición expresa, o declaración de principios del Artículo 1º y las excepciones a la regla en el 2º, en los artículos 3º, 4º y 5º el gobierno mexicano se reserva el derecho de reglamentar, autorizar, controlar y vigilar los juegos cuando medien apuestas, así como la facultad de otorgar permisos de operación, llegado el caso, y obtener una participación tributaria amén de la correspondiente de acuerdo a la legislación fiscal vigente. Es decir, en México están prohibidos los juegos y de azar y apuestas, pero, bajo ciertas circunstancias, el gobierno del país tiene la facultad de autorizarlos.

Por supuesto, la ley ha sido objeto de reformas desde su implementación, pero las más significativas tuvieron lugar en el siglo XXI, cuando luego del surgimiento de casinos y casas de apuestas establecidos en lugares físicos, así como también aquellos que fueron dispuestos vía online a partir del advenimiento de la Era de Internet, se hizo necesario implementar, nunca mejor dicho, las reglas del juego.

Una de esas reformas tuvo lugar el 3 de diciembre de 2014 y, entre otras cosas, elevó la edad mínima para jugar y realizar apuestas, de 18 a 21 años, al tiempo que fue creado el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, cuya operación está subordinada a la Secretaría de Gobernación, y que a partir de ese momento regula, vigila y autoriza las operaciones de las máquinas tragamonedas, o slots, las apuestas y los casinos online en todo el país.

Hacia el año 2017 existían en México poco más de 30 casinos y casas de apuestas que contaban con licencia vigente, y por ende autorización, para realizar operaciones en el país. En ese momento se habían otorgado 46 licencias (algunos establecimientos contaban con más de una) a “los establecimientos en el (sic) que se llevan a cabo juegos con apuestas o sorteos con permiso vigente”, bajo la nomenclatura de “Salas de Sorteos y Números y Centros de Apuestas Remotas”.

El pasado 7 de enero de 2020, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien luego de dos intentos infructuosos en los años 2006 y 2012 al fin logró ganar en 2018 las elecciones presidenciales, durante la conferencia de prensa que celebra cada mañana en Palacio Nacional, aseguró que durante su gobierno no se autorizará la apertura de casinos.

“Si es facultad del gobierno federal, nosotros no autorizamos casinos, tenemos muy presente cómo se empezaron a autorizar estos casinos en la época del que se llamó ‘gobierno del cambio’ – dijo en alusión a la administración de Vicente Fox–, ahí se los dejo de tarea. Entonces no vamos a caer en lo mismo, sería lamentable”, declaró el mandatario a pregunta expresa en torno a la apertura de este tipo de establecimientos en México. 

La declaración de López Obrador se dio luego de que un grupo de diputados del estado de Quintana Roo, colindante con el Mar Caribe, aprobara un dictamen para eximir del pago de impuestos a los empresarios que invirtiesen en la creación de casinos en esa entidad. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que acompañaba al presidente, respaldó lo dicho por él: “Esto significa que solamente a nivel federal se pueden dar estas autorizaciones. En este sexenio, como bien lo dijo el señor presidente, no habido una sola autorización para abrir un solo casino”.

En ese sentido, y al menos en lo correspondiente al año 2019, la administración de López Obrador ha cumplido con su palabra: no se han otorgado nuevas licencias si bien, por otro lado, se autorizó modificar la fecha de caducidad de tres permisos relacionados con Jorge Hank Rhon, quien es conocido como el zar de los casinos en México, y además es dueño de Grupo Caliente, la empresa que lidera en el país el negocio de las apuestas deportivas. En consecuencia, dichas licencias de operación han pasado a tener una vigencia ilimitada. 

Lo anterior podría ser una contradicción, al menos en los términos planteados por López Obrador y, sin embargo, no lo es: la ley lo faculta para autorizar, o no, la operación de casinos y casas de apuestas, así como para renovar, o no, las licencias vigentes. Un claroscuro de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que no es muy distinto de cualesquier otra que esté vigente en México. Es decir, llegado el caso, y mediante la letra pequeña o confusa, la legislación puede operar de manera contraria a lo establecido e implementar salvedades.

Pese a sus aparentes contradicciones, la legislación vigente adolece de la modernidad que debería estar aparejada a una época en la que muchas actividades se realizan vía Internet y eso incluye a las apuestas y los casinos. Un proyecto para regular el juego online, llevado a cabo por la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA), que preside Miguel Ángel Ochoa, ha sido ya entregado al actual gobierno y los empresarios dueños de casinos tienen expectativas de que para el año 2021 sea aprobado y se convierta en ley vigente. 

Todo dependerá, empero, del estado de ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador o de la discrecionalidad con la que quiera aplicar las excepciones a las que por ley está facultado. Mientras eso ocurre, o no, casinos y casas de apuestas operan en México bajo un marco legal que permite contradicciones, caprichos y parcialidades. No podía ser de otra manera: México es México.