Argentina: Fuerte reordenamiento del sector

Mientras que, durante 12 años, el juego en la Argentina creció exponencial y descontroladamente (+118% en cantidad de casinos, entre otros datos), la elección de un nuevo Gobierno en diciembre de 2015 (llegada de Mauricio Macri a la presidencia y María Eugenia Vidal a la gobernación de la provincia de Buenos Aires) y la correspondiente designación de nuevos funcionarios en el área del gaming determinaron un cambio radical a la hora de encarar la actividad. La modificación evidente en el enfoque sobre el juego se desarrolló en la práctica a partir de una serie de pautas precisas: 1) no a la apertura de nuevas salas (al menos, en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires); 2) lucha denodada contra el juego clandestino; 3) análisis, clarificación y ordenamiento de las cuentas en la industria, incluyendo la denuncia de la corrupción en el período anterior, un control puntual sobre la actividad y una fuerte exigencia de cumplimiento en el pago de deudas impositivas que habían sido ‘evadidas’ durante más de 10 años. Ha sido un año de revisión, medidas correctivas y mirada profunda hacia el interior de la industria del juego en el país. A lo largo del artículo, se analizarán las principales novedades en torno a estos procesos clave que vivió el sector en 2016.

 

Los números de la actualidad

Según la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales, en todo el país hay más de 500 casinos, más de 70.000 máquinas tragamonedas y más de 25 mil puntos de venta de quiniela, loterías y otros juegos de azar. En la actualidad, la provincia de Buenos Aires posee el 40,7% del volumen total del juego en la Argentina y recién aparece la Ciudad de Buenos Aires como segunda con el 12,6%. Más atrás, se ubican las provincias de Santa Fe (9,5%) y Córdoba (8,6%), en el ranking nacional. En la provincia de Buenos Aires, el juego legal está compuesto por 4.200 agencias oficiales para apuestas de quiniela, lotería y otros juegos. Además, hay 46 bingos, por donde ingresan unos $800 millones por mes. Junto con los cartones, allí permanecen encendidas 600 máquinas tragamonedas a toda hora. Asimismo, existen 12 casinos (donde están instaladas 5.500 slots) y 5 hipódromos, que operan en línea con las 186 agencias hípicas para hacer apuestas a los caballos mediante conexión satelital con los circos hípicos. En la Ciudad de Buenos Aires, el negocio del juego de azar tiene dos actores relevantes: el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante, con apuestas diarias que superan, juntos, los $300 millones. Por ley, devuelven entre el 90 y 95% de las apuestas. En total, por estos medios, el Estado recauda $150.000 millones (US$10.000 millones) por año. 

 

Cruzada contra la ilegalidad y la corrupción

Por cierto, esos números no incluyen las enormes cifras derivadas del juego ilegal. En la provincia de Buenos Aires, se calcula que el juego clandestino genera más de $50 mil millones (US$3.333 millones) por año. Para el Gobierno provincial, existen 90 bancas de apuestas ilegales, que manejan ejércitos de pasadores, con la complicidad de policías y punteros políticos, y vínculos con agencias oficiales. En ese sentido, fue importante la detención del ‘rey del juego’, Adrián Almaraz, quien manejaba muchas de esas bancas paralelas. El problema viene de hace tiempo, pero sólo en los últimos seis meses de 2015, se otorgaron 160 licencias desde el Instituto de Loterías de la Provincia. Ese otorgamiento se hacía mediante el pago ilegal de hasta US$50 mil para conseguir la licencia. Ahora, el otorgamiento de habilitaciones está suspendido. Para el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Melitón Eugenio López: “La lucha contra el juego clandestino es una tarea muy difícil. La encaramos con mucha fuerza con la gobernadora María Eugenia Vidal y ya se ven los resultados. Son más de 120.000 personas las que ejercen la quiniela clandestina. Tenemos una red de Agencias Oficiales que pagan sus impuestos, empleados que están en blanco; nos debemos a ellos que están en sus trabajos todos los días. Esto es una locura de muchos años, de gente que convive con la política, las fuerzas de seguridad y la policía. El dinero que mueven es enorme”. Claro que aquí es cuando aparecen las connivencias políticas. La Justicia de La Plata está avanzando en la investigación iniciada luego de una denuncia que tiene hasta ahora como imputados a Domingo Angelini, ahijado del ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli, y a Pilar Álvarez Olaizola, esposa del ex secretario privado de Scioli, quienes fueron titulares del área de Comunicación y Publicidad de ese organismo durante la gestión del ex motonauta. Angelini y Álvarez Olaizola están en la mira por la presunta estafa al Estado por más de $20 millones por severas irregularidades con la pauta oficial. El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Paolini, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas de La Plata. Paolini evalúa pedir una exhaustiva auditoría de todos los eventos organizados por el Instituto de Lotería y Casinos bonaerense. Es que está firme la sospecha de que se hicieron millonarios negociados con varios expedientes. Como consecuencia de los hechos irregulares detectados durante la gestión anterior, denunciados por Melitón López, tuvo que renunciar su segundo, Jorge Rodríguez. Rodríguez fue titular del organismo durante gran parte de la gobernación de Scioli y había quedado como vicepresidente a partir del 10 de diciembre de 2015 por un pedido expreso realizado el empresario binguero y actual presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici, amigo del presidente Mauricio Macri. Pero estas y otras graves denuncias de corrupción llevaron a que Rodríguez diera un paso al costado bajo el argumento de una ‘jubilación’. Paralelelamente, otro de los máximos responsables del juego durante el kirchnerismo, el ex titular de Lotería Nacional, Roberto López, también está manchado con firmes sospechas de corrupción. Después de Lotería Nacional, López volvió a sus pagos de Santa Cruz y fue cobijado como presidente de esa lotería. Pero ya en septiembre pasado, se informó que López debía comparecer ante el juez federal Luis Rodríguez y declarar por incumplimiento de deberes de funcionario público, al no seguir la normativa vigente para la apertura de nuevas salas de juego en la Ciudad de Buenos Aires. A eso se sumó la polémica por el increíble aumento del patrimonio declarado del funcionario, que subió 77 veces en doce años, un 7.602% (de $38.664 a $2.977.899), con tasaciones irregulares de sus propiedades y el hecho de que, en 2015, declarara haber duplicado sus ingresos de cuarta categoría, que corresponderían a sus sueldos como presidente de Lotería, aunque tenía el mismo cargo que el año anterior. El paso de López por Lotería Nacional incluye que, en 2007, redactó un informe técnico que justificó el decreto del difunto ex presidente Néstor Kirchner para ampliar la licencia de las tragamonedas en el Hipódromo de Palermo hasta el año 2032. Además, en 2014, los legisladores Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro lo denunciaron, junto con el resto del directorio de Lotería, por el polémico sistema para controlar las tragamonedas. Antes de abandonar su cargo, el año pasado, jugó su última carta y forzó una licitación para los cinco bingos porteños. La Justicia, en ese caso, le puso un límite y los cinco bingos cerraron sus puertas en mayo de 2016. Las salas tenían las concesiones vencidas desde 2014 y habían acumulado una deuda de más de $260 millones con Lotería Nacional por no pagar el canon obligatorio desde 2009. Hablando de bingos, también los bingueros de la provincia de Buenos Aires se han visto envueltos en causas judiciales en 2016. En septiembre pasado, la Justicia Federal de Tres de Febrero resolvió dictar el procesamiento de varios empresarios del rubro: Juan Carlos Bojanich (dueño de Bingo Bahía), Jorge Pereyra (Grupo Midas), Sebastián Pereyra, Jorge Pereyra (hijo), Osvaldo Del Caño, Romina Del Caño, Rubén Darío Firpo y José Luis D’Agata. Todos fueron acusados de ser “coautores responsables” del delito de evasión simple y agravada al impuesto a las Ganancias durante el período 2008-2013. Los procesados fueron investigados a partir del presunto uso de facturación apócrifa y sobrefacturación para pagar menos impuesto a las Ganancias. Por esta causa, hubo en diciembre de 2015 alrededor de 20 allanamientos y sus autoridades fueron embargadas. Según la AFIP, la evasión de los bingueros alcanzaría los $132 millones. 

 

La situación de la Ciudad de Buenos Aires

Si de evasión se trata, el caso ejemplar proviene de la Ciudad de Buenos Aires. El juego en la Ciudad generó sospechas bien fundadas de irregularidad en los últimos 12 años. Ya sin bingos desde mayo, quedaron los casinos. Por un lado, el Hipódromo de Palermo (concesionado, como se mencionó, hasta 2032), con 2000 empleados, comandado por una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Hapsa (72,5% de la sociedad), cuyo presidente es Federico De Achával, y Casino Club (27,5%), de la que Cristobal López vendió en junio su parte a su socio Ricardo Benedicto. Por el otro lado, está los dos barcos del Casino Flotante de Puerto Madero, donde la firma Cirsa posee el 50%; Hapsa, el 25%, y Casino Club, el otro 25%. La concesión caduca en poco más de dos años. En el Hipódromo, ingresan por día 20.000 personas (sector de las tragamonedas), mientras que una jornada de carreras convoca a unas 11.000, entre asistentes y apostadores remotos. Existen unas 4500 slots en Palermo. En términos operativos, se obtienen diariamente $10,3 millones ($3,6 millones van para Lotería), y las slots recaudan $225 millones por día en apuestas. En el Casino Flotante, hay unas 1570 slots que generan $87 millones diarios, recordando siempre que el 95% se devuelve en premios. La realidad es que, en la última década, el control de las slots en ambos espacios fue prácticamente nulo. Hacia allí apuntó sus cañones el nuevo presidente Mauricio Macri, quien, en una medida que cambió las reglas del juego, lanzó en junio un decreto por el que el juego en la Ciudad dejó de ser de dominio federal para ser controlado por la misma Ciudad. Asimismo, paralelamente, Matías Álvarez Dorrego (Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control), Martín García Santillán (Director del Instituto de Juego de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires) y Tomás Elizalde (Director de Lotería Nacional) acordaron trabajar en conjunto para combatir el juego clandestino en la Ciudad. Uno de los primeros reclamos fue que los concesionarios pagaran la enorme deuda (estimada en $4000 millones, unos US$266,67 millones) por Ingresos Brutos que tenían con la Ciudad desde el año 2003. También, como no había habido control en todo ese tiempo, se realizó una auditoría sobre la explotación de los juegos de máquinas electrónicas en la Ciudad (analizando los años 2014 y 2015). El trabajo fue efectuado por inspectores y técnicos especializados de la Auditoría General de la Nación (AGN), encabezada por Alejandro Nieva. El informe final se conoció en septiembre y determinó que las slots del Hipódromo y del Casino Flotante no habían tenido un control por parte de Lotería Nacional. Según los datos, hubo “posibles malversaciones de fondos, serias irregularidades en la falta de control de los contadores de las slots e, incluso, el concesionario Casino Club poseía acceso físico y lógico a los discos en los que Lotería Nacional almacenaba información de las máquinas electrónicas, por lo que potencialmente podía chequear las bases de datos, siendo que la legislación indica que ningún concesionario puede tener acceso a las bases de datos del organismo público que lo supervisa”. También se comprobó que más de la mitad de las máquinas electrónicas carecía de un sistema de energía ininterrumpida, por lo que, ante un corte del suministro de energía eléctrica, se ponía en riesgo la información de las jugadas en curso. Por ese motivo, Lotería Nacional está instalando un sistema de control independiente en las tragamonedas del Hipódromo y del Casino Buenos Aires para cruzar datos y tener información directa de los puntos de apuestas. En cuanto al tema de la deuda impositiva, en octubre, se comunicó que, curiosamente, ambas salas se adhirieron a una moratoria por un monto total no de $4000 millones, sino de unos $2100 millones a pagar en nueve años. Dicha regularización se realizará en los términos de la Ley 5616/16 de la Ciudad. Se trata, según la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP) de una presentación espontánea y voluntaria de las compañías, que se efectiviza con el pago del anticipo del 15% del monto a regularizar, tal como lo establece la normativa. Hay que indicar que, con el paso del juego a manos de la Ciudad, ya desde junio de 2016, ambas empresas habían comenzado a tributarle a la Ciudad (impuesto del 12% a sus ganancias) un total de unos $46 millones por mes.

 

Renovaciones y licitaciones

Además del tema impositivo, hubo importantes novedades en el sector durante 2016 en lo referente a contratos, licencias y búsqueda de mayor transparencia en el gaming. En lo juidical, y luego de 15 años, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, por la cual entre los sujetos obligados a brindar información precisa sobre sus actividades están “los concesionarios, explotadores, administradores u operadoras y licenciatarios de juegos de aza, destreza y apuestas”. En el tema de los contratos, una decisión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue renovar por tres años el vínculo con Boldt Gaming, empresa que controla 4.500 terminales que captan las apuestas de lotería y juegos poceados como el Quini 6, Loto y Brinco en ese territorio. El acuerdo fue firmado entre Boldt y Provincia NET. En la actualidad, en el territorio bonaerense, la compañía obtiene el 2,5% del total de las apuestas, una cifra baja a nivel nacional. El objetivo es que, en los próximos años, entre Boldt y Provincia NET obtengan una ganancia que no sea superior al 4,8%, mismo porcentaje que consiguen hoy. En principio, la empresa no puso reparos en mantener sin cambios las ganancias. Eso se debe a que, gracias al esfuerzo de control de la ilegalidad en la provincia, la compañía vio mayores beneficios por la suba de la recaudación en ese territorio que, se estima, en 2016 podría duplicar las ganancias netas de 2015 ($5.300 millones entre lotería, bingos, casinos e hipódromos). En cuanto a los casinos provinciales, Vidal procurará llamar a licitación por la renovación de diez de los doce casinos de la provincia (en marzo de 2017, vencen los contratos). Son las salas de la costa atlántica y el Trilenium de Tigre, todas pertenecientes a Boldt (en 2015, ganaron $530 millones; $200 millones fueron para Boldt y $250 para el Estado). La primera licitación incluirá a nueve salas. El llamado a licitación se hará por 15 años con opción a cinco más y requeriría una inversión de US$100 millones para renovar las salas e instalar nuevas máquinas tragamonedas en reemplazo de las antiguas. Por su lado, el casino de Tigre tendrá su propia licitación. Para ella, no se necesitará tanta inversión ya que es una de las salas más modernas. Se anticipa que, entre los participantes de las licitaciones, estarán Boldt, Inverclub (a cargo de Ricardo Benedicto), la española Codere, Grupo Ivisa y la empresa Slots. Sólo dos de los doce casinos no serán licitados: el Casino Hotel Sasso, perteneciente al sindicato de gastronómicos que controla Luis Barrionuevo, y la sala de Sierra de la Ventana. El Gobierno también licitará aparte el control online de las slots de los casinos provinciales. Por supuesto, en este concurso no podrá resultar ganadora la empresa que haya ganado la licitación de los casinos. Con respecto a los bingos (46 salas distribuidas en 32 distritos), hubo dentro del proyecto de Presupuesto provincial para 2017 coordinado por Vidal y su ministro de Economía, Hernán Lacunza, la idea firme de elevar la alícuota que pagan los bingos por Ingresos Brutos del 12% al 19%, con la meta de recaudar así unos $1200 a $1500 millones extra, dinero fresco muy bienvenido para ayudar a saldar la enorme deuda provincial. Sin embargo, apenas conocido el borrador de la noticia, surgieron quejas y descontento entre los bingueros y los empresarios de peso en el juego de la provincia, como Daniel Angelici y Daniel Mautone. Con razón, esos empresarios aseguraron que, en la actualidad, la provincia de Buenos Aires es la que tiene el canon más alto del país (34%), sumado al 12% de Ingresos Brutos, 1,2% de impuesto al cheque y 2% que se destina a las instituciones de bien público. En cuanto a máquinas de azar (principal recaudación de los bingos), la ley 13.063 establece que, de cada $100 que se juegan, el 15% es para utilidades y el 85% se devuelve en premios. De ese 15%, el operador se queda con el 66% y el 34% restante va al Estado. Incluso, la medida propuesta por Lacunza provocó que los dueños de las salas hablaran de despedir trabajadores a cambio del aumento al impuesto e incluso plantearan que iban a recurrir a la Justicia. Pero, finalmente, Vidal dio marcha atrás con el proyecto. Desde la oposición, no se quedaron tan tranquilos con ese accionar. El partido GEN, que responde a Margarita Stolbizer, y el Frente Renovador, de Sergio Massa, siguieron buscando alternativas con otros bloques para conseguir más recursos del juego. Massa planteó que se cobrara entrada ($20) a las salas de bingo para que los fondos que se generen se repartan por mitades entre las comunas y la Provincia. Claro que la diferencia central es que la imposición recaería sobre los apostadores y no sobre los bingueros. “Seguramente, los dueños de los bingos van a devolver el importe a los clientes”, dijeron en el massismo. De todas formas, aún no se tomó ninguna decisión que afecte a los bingos de la provincia. Está claro que el negocio sigue siendo grande y jugoso: mientras que en 2003, la la facturación anual de los bingos bonaerenses fue de casi $500 millones, en 2015, los ingresos habrían llegado a los $14 mil millones.

 

Algunos problemas a resolver

Además de la ilegalidad, los temas impositivos y las licitaciones, el Gobierno enfrenta otros problemas en el sector, que habrá que resolver en el mediano plazo. Puede hacerse hincapié en dos asuntos: la ludopatía y la falta de legislación sobre el juego online. La preocupación por la ludopatía se expresó en la reciente Primera Jornada de Intercambio de Experiencias Clínicas en Ludopatía, llevada a cabo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y que contó con la presencia del presidente del IPLyC, Melitón Eugenio López. El evento fue organizado por el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo del Instituto. López fue muy contundente a la hora de expresar su decisión de formar parte activa en la prevención de la ludopatía. Afirmó: “Nosotros, como Estado, tenemos que hacer todo lo posible para que las personas no se enfermen. El 85% de las adicciones sucede en las salas de bingo y, por ello, tenemos que poner énfasis en su control. Vamos a estar en cada sala”. Hasta el momento, existen diez Centros de Atención al Ludópata en la provincia de Buenos Aires. Hace poco, se firmó un convenio con la Cruz Roja que permitirá que estos centros se incrementen de 10 a 36, según fuentes de la provincia. Aunque la inquietud por la ludopatía es lógica, un valioso estudio (‘La Ludopatía en Argentina’) realizado por Sebastián Auguste, de la Universidad Torcuato Di Tella, reveló que el juego patológico en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense tiene una incidencia que va desde el 0,83% al 1,18%, lo que puede ser considerado de moderado a bajo en relación con las mediciones en otros países del mundo. Por ejemplo, Italia tiene tasas de 2,3% y España, de entre 1,2% y 1,6%. Pueden citarse otros datos significativos de este trabajo: 1) la tasa de incidencia de jugadores con problemas es similar para hombres y mujeres, pero los hombres (1,27%) tienen una incidencia mucho mayor del juego patológico que las mujeres (0,43%); 2) el juego tiene una penetración (porcentaje de adultos que juegan al menos una vez al mes) mucho mayor en las personas más adultas (40,3%), pero similar entre los grupos más jóvenes. La ludopatía, sin embargo, se concentra mayormente en el segmento de edad media (casi el 80% de los ludópatas está entre los 36 y 55 años); 3) los juegos de lotería y afines (Lotería, Quiniela, Quini 6, Brinco, Loto, Telekino o similares) son los que mayor penetración tienen en la sociedad, ya que el 21% de los encuestados juega al menos una vez al mes. A su vez, son los juegos que más frecuencia tienen (13,3% juega más de 5 veces al mes), seguidos de las slots (10,1% juega al menos una vez por mes), bingo, casino y apuestas por Internet; 4) casi el 66% de los encuestados no juega nunca y sólo el 1,1% juega más de cinco horas a la semana; y 5) contrariamente a lo que es la creencia popular, las tasas de ludopatía van creciendo en la medida en que la persona tiene más ingreso económico, y no al revés. Aunque la información demuestre una ludopatía moderada en la Argentina, aun así se debe mucho para prevenirla y tratarla. 

 

Una forma de, a la vez, combatir el juego clandestino y enfrentar la ludopatía surgida del juego a la distancia es avanzar con el tema de la regulación del juego en línea. Está claro que la legalización de las apuestas por Internet devolvería a las arcas estatales de cada provincia una considerable suma de dinero que los organismos reguladores podrían volcar en acción social. Por el momento, sólo la provincia de Misiones cuenta con un sitio web de apuestas online, con juegos de casino, apuestas deportivas y tragamonedas, avalados por el ente regulador provincial. En el resto del país, se han sucedido reuniones, debates y análisis sobre la temática, pero el progreso a nivel legislativo fue nulo. Así, mientras el juego a través de Internet siga sin contar con un marco regulatorio en Argentina, operadores fronterizos y del resto del mundo continuarán acaparando el dinero de las apuestas de jugadores nacionales, los cuales quedan desamparados legalmente frente a cualquier inconveniente porque no hay legislación argentina al respecto; en tanto que los Estados provinciales continúan observando cómo el juego online ilegal opera sin pagar ninguna clase de impuestos. El presidente de Lotería Nacional, Tomás Elizalde, afirmó que el juego online en Argentina ya alcanza al 20% del volumen total de dinero que mueve el azar en el país, pero reconoció que aún "no hay regulaciones y es muy poco el control que se puede hacer si no desarrollamos esa modalidad a nivel oficial. “Debemos fortalecer el trabajo en equipo para hacer frente a las nuevas realidades que plantea esta modalidad del juego a distancia”, dijo Elizalde.

 

Accionar a nivel nacional para evolucionar

El fortalecimiento del sector del juego en Argentina, del que habla Elizalde, ha sido evidente durante esta temporada, tras las desprolijidades y descontrol sucedidos en la última década. Para el presidente del IPLyC, Melitón López: “Vivimos un completo reordenamiento. Tomamos un organismo que venía en decadencia total, con mucha corrupción interna, y logramos  reencauzarlo. Los resultados son claros: al día de hoy, en octubre, ya se generaron $6000 millones más que el año pasado”. Si bien López insiste en dejar atrás la cuestión de la magra herencia recibida, sostiene que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires: “Nunca se combatió realmente el juego clandestino. Hubo connivencia entre personas que se enriquecían ilícitamente con el juego ilegal, con la policía y la política. El sistema de juego estuvo cruzado por dos líneas muy grandes: la corrupción y la inoperancia”. Fuera de Buenos Aires, otras provincias también entendieron el mensaje y contribuyeron en su batalla local contra la ilegalidad y la connivencia. En Mendoza, por irregularidades encontradas, el Gobierno decidió no renovar la licencia de tres casinos y clausurar dos salas más de juego. Para 2017, la provincia tendrá un gran desafío por delante: según el presupuesto aprobado, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos deberá transferir a la administración central hasta $250 millones para el sostenimiento de planes de salud y para hospitales. En 2014 y 2015, se derivaron sólo $66 millones y en lo que va de 2016, se han traspasado $81 millones. En Entre Ríos, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) anunció un aumento del 41,4% en la recaudación del juego en 2015 frente a 2014, debido a un cambio en la modalidad de registro de los ingresos del organismo. También se esperan cifras positivas para el cierre de 2016. Por su parte, en Córdoba, la Lotería y el Poder Judicial de esa provincia suscribieron un Convenio de Colaboración destinado a combatir el avance del juego no autorizado en el territorio. Allí, como en Entre Ríos, los números también le sonríen al juego: en 2016, está sucediendo un récord de apuestas en tragamonedas, casinos y agencias de quiniela; entre otros motivos, por la renovación de slots y los operativos contra el juego clandestino. A un mes de que cierre su balance (el próximo 30 de noviembre), ya entraron a las arcas de la Lotería $1.386 millones, $52,2 millones más que durante todo el año financiero 2015 (+3,9%) y todavía faltan 30 días de apuestas. Lo mismo sucede en Río Negro, por citar otro ejemplo. El interventor de la Lotería para Obras de Acción Social, Luis Ayestarán, recordó como un logro la interconexión online con la sede central de todos los puntos (más de 1000) de venta, agencias y subagencias de Lotería, lo que ha generado agilidad, prolijidad y más dinero para el Estado. De hecho, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck se refirió al incremento de los índices de Lotería y destacó: “Hoy, el índice de rentabilidad con superávit es del 71%, uno de los más altos en la historia de la Lotería. Además, hemos elevado la recaudación en un 33% y la de los cánones de casinos también en un 35%”.

 

El informe de Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre de 2016, publicado por el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, resaltó “el crecimiento de los ingresos provenientes de los juegos de azar durante el segundo trimestre del año producto de la mayor fiscalización del juego clandestino”. Por cierto, no sólo el Estado se vio favorecido por las medidas adoptadas en torno al juego. La ‘apertura de las importaciones’ dictaminada por el presidente Mauricio Macri favoreció al sector privado del gaming. Según información suministrada por la firma ASAP, en base a los datos de la Dirección General de Aduanas, desde enero de 2016 hasta fines de septiembre, entraron al país 7.480 slots, más del doble que en el mismo período de 2015, cuando sólo se importaron 3.168 máquinas. Estos beneficios económicos que ha experimentado el sector durante 2016 no tapan una realidad aún conflictiva, y que presenta un panorama abierto y desafiante para 2017. En la agenda del Gobierno, los temas a solucionar en relación con el gaming son los siguientes: 1) la profundización del combate contra la ilegalidad en todo el país; 2) el progreso legislativo en el tema del juego online; 3) las licitaciones de casinos y slots en la provincia de Buenos Aires, y de sistemas de control del juego en la Ciudad; 4) revitalizar la actualidad del sector hípico, cuyas estructuras han tenido positivas reformas en 2016, pero que deberá buscar nuevas vías de ingresos para sostener a un segmento con gran masa de trabajadores empleados; 5) considerar la prohibición de las carreras de galgos, un área de interés de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que buscará impulsar un proyecto para tal fin; y 6) difundir los programas sobre juego responsable, lucha contra la ludopatía y prevención del lavado de activos. Sobre estos puntos se desarrollará el trabajo y la atención de lo que suceda con el mundo del juego en el país. Del lado de los empresarios, el compromiso será acompañar al Estado en el freno a la ilegalidad y el debate del juego online, así como promover la responsabilidad corporativa y el cumplimiento fiscal. El juego en Argentina se merece seguir progresando con trabajo, ética y voluntad de crecimiento. 

 

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